Saturday 20th April 2019,
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La Basura Electrónica – La Obsolescencia Programada

por Cristina Bodegas Huelga

Las nuevas tecnologías han invadido nuestras vidas, y con ellas la inexplicable e ilógica “necesidad”, y más si cabe en los tiempos que corren, de querer estar a la última, lo que nos lleva muchas veces a sustituir aparatos electrónicos o electrodomésticos a pesar de encontrarse en buen estado.

 

Sin embargo, los estudios comienzan a determinar que hay un porcentaje de sustituciones, cada vez más alto, que se producen por fallos técnicos entre los cinco y seis primeros años. Es la denominada “obsolescencia programada”, que tiene lugar cuando se planifica la vida útil de un determinado producto, de modo que, transcurrido ese tiempo, el producto se vuelve inservible, obligando así al consumidor a adquirir uno nuevo, ya que, o bien no lleva reparación, o bien ésta no merece la pena económicamente. Es evidente que esta práctica beneficia al fabricante y al diseñador del producto, al asegurarle el mantenimiento de sus ventas, por lo que no deja de ser una estrategia empresarial.

 

La normativa actual, concretamente el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 1/2007, de 16 de Noviembre, establece la obligación de los fabricantes de responder de las faltas de conformidad o defectos que pueda presentar el producto durante el plazo de dos años si se trata de un producto nuevo, y durante el plazo de un año si nos encontramos ante un producto de segunda mano. De modo que deberán proceder a cualquier tipo de reparación, sustitución o rebaje del precio, salvo que derive de un mal uso por parte del usuario. Transcurrido ese plazo legal, la vida útil del producto deja de ser responsabilidad del fabricante.

 

Todo el mundo puede entender que los aparatos electrónicos no pueden durar siempre; sin embargo es un error considerar la obsolescencia programada como un mal necesario para estimular el consumo, ya que sus consecuencias comienzan a resultar evidentes y preocupantes. La principal consecuencia de este fenómeno, unida al consumo desenfrenado de aparatos electrónicos, es la generación de basura. Según la ONU, generamos unos 50 millones de toneladas al año de estos residuos, con el peligro que ello conlleva, ya que la mayor parte contiene sustancias y materiales químicos tóxicos y peligrosos que suponen una amenaza para la salud de las personas y, por supuesto, para el medio ambiente.

 

Además, entre el 50% y el 80% de la basura electrónica que se genera acaba en China o en países en vías de desarrollo como India, Pakistán y Nigeria. Y es que, con la excusa de “reducir la brecha digital” y que sean reutilizados, son transportados a esos países a pesar de que en realidad el 75% son absolutamente inservibles, acabando en vertederos ante la escasa o nula legislación sobre el reciclaje o la gestión de residuos con la que cuentan, resultando finalmente manipulados o prendidos fuego al aire libre, liberando todo tipo de humos contaminantes.

 

Un claro ejemplo de las consecuencias de este fenómeno lo encontramos en la ciudad china de Guiyu, que se ha convertido en el mayor vertedero de basura electrónica de la tierra, llevando al 95% de su población a ganarse la vida desmontando aparatos electrónicos, sin ningún tipo de medida de seguridad, y expuestos a numerosos contaminantes tóxicos como el plomo, el mercurio o el cadmio. Según los expertos, estos metales pesados afectan directamente al sistema nervioso, alteran el desarrollo cerebral e incluso, afectan al desarrollo del sistema reproductor.

Si tenemos en cuenta que “un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo puede contaminar 16.000 litros de agua”, que “una batería de níquel cadmio de un teléfono móvil puede contaminar 50.000 litros de agua y afectar a 10 metros cúbicos de suelo”, o que “un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua por su contenido de metales en plomo de vidrio y fósforo en la pantalla”, a nadie se le escapa la necesidad de tomar las medidas oportunas para evitar daños irreparables en las personas y en la propia naturaleza, que en todo caso han de asentarse en una legislación adecuada fundada en la responsabilidad del productor pero también en el consumidor.

 

En España, el pasado 22 de Febrero de 2015 entró en vigor el Real Decreto 110/2015, de 20 de Febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con la intención de transponer a nuestro país las obligaciones derivadas de la nueva regulación europea en esta materia, concretamente la Directiva 2012/19/EU, de 4 de julio de 2012. Esta ambiciosa normativa europea pretende que en 2019, el 85% de los RAEE generados en cualquier país de la Unión Europea sean recogidos y tratados adecuadamente.

 

Nuestro país, como es costumbre, incumplió el plazo de trasposición y amenazado desde Europa con ser sancionado, aprobó este real decreto en el que se aglutinan distintas medidas y se establecen los requisitos técnicos de tratamiento de los residuos, así como las obligaciones de los distintos agentes que intervienen, desde la recogida, la preparación para la reutilización, los traslados, la autorización y comunicación, la responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones de información a las Administraciones Públicas, la coordinación entre éstas, y los regímenes de vigilancia y control, todo ello a través de un régimen transitorio que finalizará el 14 de Agosto de 2018.

 

Una de las principales novedades radica en la obligación de los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos con más de 400 metros cuadrados, de aceptar de forma gratuita los dispositivos usados de pequeño tamaño, sin necesidad de que el consumidor tenga que adquirir uno nuevo.

 

A pesar de que este real decreto introduce importantes medidas, lo cierto es que también se aprecian importantes carencias, y es que ni siquiera prevé sanciones en caso de que las empresas utilicen prácticas relacionadas con la obsolescencia programada, echándose de menos una ampliación en la garantía de los productos a los consumidores que de alguna manera evitaría esta práctica.

 

Hoy en día, el sistema continúa fallando en la medida en la que no se cumple con la normativa vigente, o bien los comercios rechazan la recepción del aparato, o aun accediendo, ceden la recogida a un transportista que en la mayor parte de los casos, vende el material a chatarreros no autorizados, por no hablar de los consumidores que no llevan los aparatos hasta un punto limpio, y acaban siendo abandonados en la calle, impidiendo, todo ello, que finalmente el material sea trasladado a una planta de reciclado.

 

Cuando el sistema falla es evidente que la normativa es insuficiente e ineficiente, que la vigilancia y control de su cumplimiento también lo es, pero también pone de manifiesto el escaso compromiso del consumidor en este asunto. En otros países se está trabajando contra este fenómeno, y un ejemplo de ello es Francia, quien el pasado año incluyó una norma en la Ley de Transición Energética por la que se castigaría con multas de hasta 300.000 euros y penas de hasta dos años de cárcel a aquellos fabricantes que programaran la vida útil de sus productos, convirtiéndose así en la primera legislación en reconocer la existencia de la obsolescencia programada.

 

Desde las Administraciones Públicas no se puede permitir que se reduzca de forma deliberada por parte de los fabricantes la vida de los aparatos electrónicos; que una impresora se bloquee al llegar a un número determinado de impresiones; que una bombilla se funda al alcanzar un número de horas de uso, etc., porque la velocidad con la que se generan las montañas de productos obsoletos es realmente preocupante, y acabará generando una crisis de enormes proporciones.

 

¿Qué podemos hacer los consumidores?

 

Por un lado, los consumidores debemos realizar un consumo responsable de este tipo de aparatos, preguntarnos si realmente necesitamos estos productos, si el que tenemos nos sirve, y, en caso contrario, preguntarnos qué vamos a hacer con él, asegurándonos de que nuestros desechos electrónicos sean reciclados de forma correcta, pero también podemos exigir mayor información a los fabricantes, exigiéndoles que asuman su responsabilidad por la contaminación que sus productos generan, y de los que están obteniendo beneficios, y negarnos a consumir los productos de aquellos fabricantes que se nieguen a eliminar las sustancias peligrosas de los mismos.


Es perfectamente posible hacer productos sin sustancias químicas peligrosas, duraderos, que puedan ser mejorados, reciclados o eliminados de forma segura, pero para ello ha de crearse legislación que garantice la eliminación de abusos; que aumente el tiempo de garantía de los productos, incluso que garantice durante determinado periodo de tiempo la existencia de piezas de sustitución y sobre todo que establezca mecanismos que eviten y castiguen la obsolescencia programada.

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